Desde el 1 de julio de 2026, el tacógrafo inteligente forma parte del día a día de miles de furgonetas europeas. Los vehículos comerciales ligeros de entre 2,5 y 3,5 toneladas que realizan transporte internacional de mercancías o cabotaje deben equiparse con un tacógrafo inteligente de segunda generación (G2V2), según establece el Reglamento (UE) 2020/1054, que forma parte del Paquete de Movilidad I.
Hasta la entrada en vigor de esta medida, la obligación se limitaba a los vehículos pesados de más de 3,5 toneladas. Con esta ampliación, la normativa incorpora a las furgonetas al mismo marco de control que regula los tiempos de conducción, las pausas y los periodos de descanso de los conductores profesionales. Las empresas con flotas afectadas llevan ya varias semanas conviviendo con esta obligación, y el foco se traslada ahora a consolidar su cumplimiento y sacarle partido operativo.
Qué vehículos están afectados
La obligación alcanza a las furgonetas y vehículos comerciales ligeros de más de 2,5 toneladas de masa máxima autorizada que operen en transporte internacional o realicen cabotaje. Los vehículos dedicados exclusivamente al transporte nacional dentro de España quedan, por el momento, fuera de este requisito, salvo que futuras disposiciones amplíen su alcance. También continúa vigente la obligación del tacógrafo, con independencia del peso del vehículo, para los destinados al transporte de más de nueve personas, incluido el conductor.
Identificar correctamente qué vehículos de la flota entran dentro de esta obligación es el primer paso para cualquier empresa con actividad transfronteriza, incluso ocasional. Un solo trayecto a otro país europeo al año puede ser suficiente para quedar sujeto a la normativa.
Una oportunidad para digitalizar la gestión del transporte
La entrada en vigor de esta medida obliga a instalar un dispositivo técnico, y también abre una ventana para que las empresas de transporte y logística revisen cómo gestionan sus datos operativos. El tacógrafo inteligente de segunda generación registra tiempos de conducción, descanso y actividad de forma digital y protegida frente a manipulaciones, lo que genera un volumen de información que puede integrarse en los sistemas de gestión empresarial.
Contar con un ERP capaz de centralizar estos registros junto con la planificación de rutas, el mantenimiento de la flota y la facturación permite convertir una obligación normativa en una fuente de datos útil para la toma de decisiones.
Qué queda pendiente tras la entrada en vigor
Las empresas que aún no hayan instalado el tacógrafo en sus vehículos afectados se enfrentan ya a un riesgo real de sanción, por lo que la instalación en un taller autorizado y la formación de los conductores en el uso correcto del dispositivo son tareas urgentes. La instalación es solo el punto de partida: la normativa exige revisiones periódicas del equipo cada 24 meses para verificar su correcto funcionamiento y la validez legal de los registros.
Para las empresas que ya cumplen con la obligación, el siguiente paso natural es consolidar esos datos dentro de sus procesos internos de control y reporte, aprovechando la trazabilidad que ofrece el propio dispositivo para avanzar hacia un modelo de transporte más digitalizado, en línea con el resto de exigencias normativas que ya afectan a distintos sectores empresariales.
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